El Gobierno le abre la puerta al sector privado en la actividad nuclear, una de las áreas más sensibles del país

En el medio de las tensiones del Gobierno con el vigoroso pero golpeado sector atómico y científico, la Secretaría de Asuntos Nucleares dió conocer sus los lineamientos de su política para 2026. El documento es la base de una nueva doctrina en la que uno de los cambios conceptuales más importantes es la incorporación explícita del sector privado como socio estratégico. Y sostiene que las actividades nucleares con potencial comercial deben abrirse a esquemas de inversión privada y asociaciones público-privadas, nacional y extranjera.

Al mismo tiempo, alienta cambios en un un sector altamente sensible en la estrategia de todo país a largo plazo y en el que las potencias mantienen un celo muy fuerte concentrado en el Estado frente al sector privado nacional o internacional, que puede tener sólo intereses temporales. “Por primera vez, Estado y sector privado van a trabajar juntos para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino”, indica el documento de 54 páginas y que lleva la firma del joven Federico Ramos Nápoli, secretario de Asuntos Nucleares.

El documento se publicó este domingo por los 76 años de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Y plantea que la investigación científica debe estar vinculada a objetivos productivos concretos, lo que no queda exactamente claro porque todo proyecto siempre, en teoría llevaba el fin de “objetivos concretos”.

No dice que la investigación básica no desaparezca, pero que esté subordinada a capacidades que puedan transformarse en tecnología, exportaciones o servicios, lo que en teoría puede ser atractivo pero en la práctica si no está muy regulada puede caer en manos de capitales que la destruyan. Mientras que históricamente el sector estaba constituido sobre la filosofía de una soberanía tecnológica, la investigación científica y el desarrollo estatal de capacidades estratégicas, la doctrina libertaria coloca en primer lugar las “exportaciones de alto valor agregado”.

El documento publicado este domingo se llama “Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026”. No es un plan de obras ni un cronograma de inversiones, sino una doctrina sobre cómo deben evaluarse y conducirse los proyectos nucleares en adelante. “Los lineamientos de la Política Nuclear Argentina establecen cuatro objetivos jerarquizados: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, preservación y desarrollo de la capacidad tecnológica nacional, y liderazgo regional con posicionamiento geopolítico”, señala el texto.

También exige textualmente la “validación comercial” de los proyectos; “sustentabilidad económico-financiera”; “participación privada como mecanismo de financiamiento”; “evaluación de resultados y rentabilidad; y “asociación público-privada para desarrollos nucleares”.

Salió a la luz junto con ciertas coincidencias que lo convierten en una doctrina intermedia frente a la tendencia fuertemente privatizadora y aperturista del asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturznegger, pero que ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni Francia ni los otros tres países latinoamericanos que con Argentina tienen un sector nuclear muy avanzado -Brasil y México- tienen de esta manera en un sector tan sensible.

Días atrás, el Gobierno habilitó el inicio de un procedimiento administrativo que podría derivar en la venta de activos estratégicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La medida se formalizó el 5 de mayo al ponerse en marcha el mecanismo denominado “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, lo que permitirá la recepción de propuestas sobre activos materiales e inmateriales del organismo estatal.

En el medio hubo fuerte pelea verbal entre los libertarios y la comunidad intelectual, científica nuclear.

Por un lado, Santiago Caputo afirmó que Argentina poseía “300 mil toneladas de uranio” y destacó que la provincia de Chubut podría convertirse en la “próxima Neuquén” si se impulsa su explotación minera. Las cifras oficiales de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) ubican los recursos identificados cercanos a las 35.000 toneladas y no de 300.000, pero lo importante es que sus palabras mostraron el interés libertario en el sector, que va de la mano de la política minera.

Por otro lado, el secretario Federico Ramos Nápoli, en el centro de la escena política y judicial argentina debido a sus gestiones en el sector nuclear por el ahora desplazado presidente de estatal Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel -imputado por una investigación sobre gastos millonarios e irregulares en el exterior realizados con las tarjetas corporativas de la empresa y en el centro de otras irregularidades en NASA- se peleó con los científicos de la CNEA al declarar que “el sector nuclear se usó como aguantadero de la política”. Buscaba criticar al kirchnerismo, pero el sector nuclear es una de las joyas del país, siendo Argentina y Brasil, líderes la energía atómica con fines pacíficos a nivel latinoamericano. Y que posee plantas nucleares: Atucha I (construida durante el gobierno de Juan Perón); Embalse (Raúl Alfonsín) y Atucha II (Cristina Kirchner).

El documento difundido este domingo considera a la actividad nuclear una política de Estado, y no deja de sorprender porque en diciembre de 2024, Reidel, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y ahora candidato a secretario general de la ONU presentaron otro “Plan Nuclear Argentino”, que tenía como objetivo construir un reactor modular pequeño (SMR, reactores transportables, que producen menos energía que una planta nuclear, pero se ensamblan in situ y pueden alimentar una amplia gama de instalaciones) llamado ACR-300. Para entonces anunciaban una ola privatizadora y convertir a Argentina en exportador de uranio con capacidad para construir “una ciudad nuclear” en la Patagonia.

En paralelo, lo que generó fuertes críticas de la comunidad nuclear es que el Gobierno des-jerarquizó el primer reactor nuclear diseñado y construido íntegramente en la Argentina conocido como Carem (Central Argentina de Elementos Modulares) que estaba construido en un 80% y que se iba a utilizar para áreas de medicina nuclear (radiología, entre ellas) y energía.

Por otra parte, Argentina está en el medio de la pelea geo estratégica de Estados Unidos y China que afecta la cuestión atómica. Por un lado, Washington intenta frenar la presencia asiática en el sector, y los planes que tenía para colaborar en la construcción de una central en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno llevó al sector nuclear a la Semana Argentina en Nueva York para buscar inversiones que aún se muestran reticentes incluso ya de cara a las elecciones de 2027.

Semanas atrás, una delegación estadounidense recorrió todas las instalaciones atómicas argentinas y Nano Energy, una empresa estadounidense, busca invertir u$S 230 millones en una planta de uranio que la estatal Dioxitek tiene sin terminar en Formosa.

Otro aspecto del documento del secretario de Asuntos Energéticos que cayó mal este domingo es que considera a la “investigación subsidiaria” cuando, históricamente, muchos desarrollos nucleares surgieron de investigaciones que inicialmente no tenían una aplicación comercial evidente. “Si sólo se financia aquello que tiene un resultado económico visible, existe el riesgo de reducir la capacidad de innovación a largo plazo”, dijo a este diario una fuente crítica de los lineamientos que mostrarán éxitos sin consiguen inversiones.